En Neiva, algunos dirigentes políticos han encontrado en los asentamientos informales un terreno fértil para la cacería de votos. Con discursos cargados de esperanza, llegan a las comunidades prometiendo escrituras y la salida inmediata de la pobreza extrema, como si la solución a décadas de exclusión social se pudiera reducir a un papel firmado.

Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. Según cifras oficiales, en la capital huilense existen más de 105 asentamientos informales, donde miles de familias viven sin servicios públicos plenos, sin vías adecuadas y sin la certeza de la tenencia de la tierra. A ello se suma que el 90 % de estos asentamientos no son viables de legalizar por carecer de condiciones técnicas y urbanísticas, lo que hace aún más preocupante que se utilice un problema tan delicado como bandera electoral.

Convertir la legalización en un discurso simplista no solo es demagógico, sino que condena a estas comunidades a seguir atrapadas entre la ilusión y la frustración. Legalizar un asentamiento no se trata únicamente de escrituras: implica vías, agua potable, alcantarillado, energía, equipamientos comunitarios y la construcción de barrios dignos que realmente integren a sus habitantes a la ciudad formal.

Por eso, en lugar de aprovecharse del dolor social para arañar votos, los líderes políticos deberían asumir este reto con responsabilidad, formulando políticas públicas serias, articulando recursos entre Nación, departamento y municipio, y sobre todo, educando a las comunidades sobre los verdaderos alcances de la legalización.

En conclusión, Neiva no necesita más promesas huecas, sino gobernantes que transformen la ilusión en hechos, y que entiendan que la dignidad de miles de familias no puede seguir siendo utilizada como trampolín electoral.