Documentos internos del Banco Agrario revelan que varias empresas relacionadas con hermanos de Verónica Alcocer realizaron solicitudes de crédito y contratos de arrendamiento por montos significativos desde el año 2022. La información, conocida por medios nacionales, generó preocupación dentro de la entidad debido al posible riesgo reputacional que estas operaciones representan, considerando la cercanía de los solicitantes con una figura pública del ámbito nacional.

Los reportes señalan que se estructuraron dos créditos por cerca de 8.000 millones de pesos, dirigidos a PRAGA Servicios Inmobiliarios S.A. y FEMA Reforestaciones S.A.S., compañías registradas con vínculos a la familia Alcocer. A estas operaciones se suma un contrato de arrendamiento por diez años para una sucursal del banco, con un canon que superaría los 3.600 millones de pesos. La coincidencia entre las solicitudes de crédito y la propuesta de arriendo llamó la atención de las áreas técnicas, que identificaron posibles conexiones empresariales entre las firmas participantes.

Las evaluaciones internas del Banco Agrario advirtieron sobre un “alto riesgo reputacional”, sustentado en antecedentes ampliamente difundidos en medios de comunicación y en referencias públicas relacionadas con los solicitantes. Dichas alertas, consignadas en los documentos revisados, recalcan la importancia de extremar los criterios de evaluación cuando se trata de operaciones de alto valor ligadas a familias con exposición pública, para evitar afectaciones a la credibilidad institucional.

Este caso reactivó la discusión sobre la naturaleza y misión del Banco Agrario, entidad cuyo principal propósito es impulsar el desarrollo del sector rural. Analistas y sectores académicos han planteado la necesidad de revisar los lineamientos de evaluación de riesgo y de delimitar con mayor precisión el tipo de operaciones que deberían priorizarse, con el fin de evitar que recursos destinados al fomento agropecuario se orienten hacia estructuras empresariales sin relación directa con ese sector.

En medio de la controversia, crece el llamado a que las entidades financieras del Estado refuercen sus mecanismos de control y transparencia. Esto incluye la verificación detallada de vínculos corporativos, la supervisión de posibles conflictos de interés y la obligación de garantizar que todas las decisiones se ajusten estrictamente a la normativa vigente y al propósito misional que guía la actividad del banco.