Neiva enfrenta una realidad que no puede seguir postergándose: la existencia de más de 100 asentamientos humanos informales, donde miles de familias viven sin acceso pleno a servicios públicos, infraestructura básica y seguridad jurídica sobre sus viviendas. Esta situación no solo refleja desigualdad social, sino también una barrera estructural para el desarrollo ordenado del municipio.

Los indicadores sociales muestran que buena parte de estos sectores concentran altos niveles de pobreza multidimensional, informalidad laboral y déficit de vivienda digna. La falta de legalización impide que la administración municipal invierta recursos en acueducto, alcantarillado, vías, parques, colegios o centros de salud, perpetuando así el círculo de exclusión.

La informalidad predial no es un problema aislado de los hogares; es un límite para la inversión pública. Mientras un barrio no esté legalizado, el municipio no puede planificar ni ejecutar obras de alto impacto, afectando directamente la calidad de vida de sus habitantes y el crecimiento sostenible de la ciudad.

Avanzar en procesos de legalización y titulación es una de las herramientas más efectivas para sacar a las comunidades de la pobreza estructural. Un predio legal permite acceder a subsidios de vivienda, crédito formal y programas sociales, y a la vez fortalece el recaudo futuro y la planeación urbana.

Neiva necesita una política pública continua, técnica y con enfoque social que priorice estos sectores históricamente olvidados. Legalizar no es premiar la informalidad; es reconocer una realidad y transformarla en oportunidad de bienestar colectivo.

Invertir en los asentamientos más afectados es invertir en la ciudad. Legalizar es incluir, e incluir es el primer paso para una Neiva más equitativa, ordenada y con futuro.