Colombia atraviesa una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. Los secuestros regresaron como si fueran noticia normal, las masacres se multiplican en las regiones olvidadas y los grupos armados se reparten el territorio a plena luz del día, sin que el Estado logre reaccionar con firmeza. La llamada “paz total” se convirtió en una promesa vacía, un experimento improvisado que solo fortaleció a los violentos y dejó a la ciudadanía a merced de quienes imponen su ley a punta de fusil.

El panorama es claro: hoy los colombianos tienen más miedo que esperanza. Miedo de caminar por las calles, miedo de viajar a las zonas rurales, miedo de que sus hijos no regresen de la escuela. La delincuencia común y el crimen organizado parecen tener más poder que las instituciones, mientras el gobierno central insiste en diálogos que no pasan de la retórica. Dialogar no es un error; el error es ceder sin exigir resultados, es premiar a quienes asesinan mientras se castiga con indiferencia a las víctimas.

La crisis de seguridad no es un fenómeno aislado: es el reflejo de un Estado débil, incapaz de garantizar lo más elemental, que es la vida y la libertad de sus ciudadanos. La violencia hoy no solo se mide en balas; también en el miedo colectivo que paraliza, en la desconfianza hacia las autoridades y en el abandono de regiones enteras donde la única bandera visible es la de los grupos ilegales.

Se necesita liderazgo, autoridad y decisiones firmes. No más paños de agua tibia. La seguridad debe dejar de ser un discurso vacío y convertirse en acción real: recuperar el control territorial, depurar las fuerzas armadas de la corrupción que las carcome, fortalecer la justicia y, sobre todo, enviar un mensaje claro de que en Colombia no se negocia con la vida de la gente.

Porque si el Estado no recupera su papel, la historia la seguirán escribiendo los violentos. Y entonces, ¿de qué sirve hablar de democracia, de derechos, de futuro, si lo más básico, la seguridad, sigue siendo un privilegio y no un derecho?