La revisión de los reportes financieros de la consulta interna del Pacto Histórico al Senado, realizada en octubre de 2025, dejó en evidencia fallas de control, subregistros y vacíos de información en las cuentas presentadas por varias campañas. Los datos, cargados por los propios candidatos en la plataforma oficial de control electoral, muestran inconsistencias que hoy están bajo análisis de la autoridad competente.

Uno de los problemas estructurales identificados es que, aunque la consulta fue un proceso colectivo para definir la lista al Senado, los gastos se manejaron y reportaron de manera individual por cada campaña, sin un esquema centralizado de control financiero. Esa dispersión derivó en reportes incompletos, cargas extemporáneas de información y dificultades para establecer con claridad quién asumió costos clave como logística, transporte, publicidad y operación territorial.

El caso más visible es el de la campaña de Carolina Corcho, que registró más de 1.400 millones de pesos en gastos, incluyendo una deuda cercana a los 740 millones asociada a un proveedor reportado como establecimiento comercial. La información disponible sobre ese proveedor y la naturaleza exacta de la obligación ha generado cuestionamientos sobre la trazabilidad y verificación real del gasto, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento definitivo por parte del ente electoral.

Otras campañas al Senado dentro del mismo proceso también reportaron montos elevados en propaganda y movilización, pero con soportes limitados o cargados fuera de los plazos establecidos. En algunos casos, los ajustes a los reportes se hicieron después de que surgieran cuestionamientos públicos, lo que refuerza la percepción de desorden administrativo durante la consulta.

El eje del debate no es solo el monto de los recursos, sino la debilidad del control interno en un proceso que puede dar lugar a reposición estatal por votos. Si los gastos son avalados, deberán cumplir con los requisitos legales de origen, soporte y oportunidad; de lo contrario, podrían derivar en hallazgos administrativos o eventuales sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral.

Este episodio pone de nuevo bajo la lupa la financiación de los procesos internos al Pacto Histórico y anticipa un mayor nivel de escrutinio sobre las cuentas del Senado en la antesala de las elecciones legislativas de 2026, en un escenario donde la transparencia será determinante para la legitimidad política del proceso.