Una delicada denuncia por presunta apropiación irregular de dineros públicos pone bajo la lupa al Ejército Nacional, luego de conocerse señalamientos sobre el uso indebido de recursos destinados al pago de recompensas en operaciones contra grupos criminales. Los hechos, que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, revelarían posibles fallas graves en los controles internos sobre los llamados gastos reservados.

De acuerdo con la información conocida, los recursos cuestionados corresponden a dineros asignados para recompensar información clave en el marco de acciones militares e inteligencia. Sin embargo, en al menos un caso concreto, varios uniformados habrían intentado tramitar el pago de una alta suma de dinero a una supuesta informante que, según la denuncia, no habría aportado datos verificables ni determinantes para el desarrollo de la operación.

La situación habría ocurrido en medio de acciones contra estructuras armadas ilegales y estaría relacionada con procedimientos internos utilizados para justificar el desembolso de recompensas. El señalamiento advierte que se habrían usado soportes irregulares y argumentaciones administrativas que no cumplirían con los criterios exigidos para este tipo de pagos, lo que encendió las alertas dentro de la propia institución.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de estos fondos explican que los gastos reservados tienen un manejo especial debido a la naturaleza sensible de las operaciones que financian, pero recalcan que su uso está estrictamente regulado y no puede destinarse a beneficios personales ni a pagos sin sustento real. Por ello, el caso habría motivado la activación de revisiones internas y la convocatoria de instancias de control para establecer responsabilidades.

Frente a los señalamientos, uno de los altos mandos mencionados aseguró no tener conocimiento de las presuntas irregularidades y manifestó su disposición para que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes. El episodio se da en un contexto complejo de seguridad y vuelve a abrir el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro de las Fuerzas Militares, en un momento clave para la credibilidad institucional.