En Colombia, pocas decisiones del Gobierno son tan inmediatas y políticamente rentables como ajustar el precio de la gasolina. Por eso, la confirmación de que, desde el 01 de febrero, comenzará una reducción “gradual, progresiva y sostenible” no es solo un titular económico; es un hecho con lectura electoral, narrativa y de poder.

La pregunta no es si conviene que baje (a casi nadie le molesta pagar menos), sino qué significa que baje ahora, con qué condiciones y quién capitaliza el mensaje.

Sin duda alguna, el punto de partida de esta historia fue político desde el primer renglón. Recordemos que, hace unos días, el presidente Petro instaló la idea de “comenzaremos a bajar el precio de la gasolina” en una disputa pública con el expresidente Uribe, sin fechas ni cifra, como quien lanza una bandera para ordenar la conversación nacional.

El lunes pasado, el Gobierno decidió convertir narrativa en calendario, pues el Ministerio de Minas y Energía y la Presidencia comunicaron que el beneficio empezará a sentirse desde el 01 de febrero y lo presentaron como resultado del “saneamiento” del FEPC y de un trabajo técnico coordinado con Hacienda. Según ese reporte, el ajuste inicial sería de alrededor de $16.057 por galón, de modo que el descuento luce más como un primer gesto que como un giro estructural.

Aquí aparece el componente político más evidente: una rebaja pequeña puede ser un gran símbolo, sobre todo cuando venimos de un periodo largo de ajustes al alza. Para defenderse del señalamiento clásico (“esto es populismo”), el Gobierno ha puesto el FEPC en el centro de la narrativa: se habla de ordenar las finanzas públicas, evitar deuda oculta y reducir con “cuentas claras”. El ministro Edwin Palma lo dijo en esos términos y calificó la medida como un hecho “histórico”, remarcando que se hará sin “mentiras fiscales”.

Este punto es clave porque el debate no es solo “precio”, sino mecanismo. El FEPC existe para amortiguar choques y, al mismo tiempo, puede convertirse en una fábrica de presión fiscal si se usa para sostener precios sin respaldo. Cuando un Gobierno dice “rebajemos, pero sin romper la caja”, en realidad está enviando un mensaje doble: al ciudadano (alivio) y al mercado (prudencia).

Considero que, en 2026, cada medida será interpretada como campaña, y la gasolina es el impuesto emocional perfecto: todos la entienden, muchos la sufren y pocos la perdonan. Una rebaja en febrero crea un efecto político concreto: cambiar el tono del debate. Pasa de “nos subieron todo” a “al menos ya empezó a bajar”. Y en política, cambiar el tono suele valer más que cambiar la estructura.

El 01 de febrero no solo bajará un poco la gasolina: también empezará el examen de credibilidad. Porque, en economía política, no cuenta lo que se promete; cuenta lo que se sostiene. Y sostener significa dos cosas: la primera, que el precio baje donde debe bajar; y la segunda, que el Estado no reabra por detrás el hueco que dice haber cerrado.

Amanecerá y veremos…