La Defensoría del Pueblo informó que no logró pagar antes de Navidad los honorarios de sus contratistas, incluidos más de 4.200 defensores y defensoras públicas, lo que encendió alertas en el sector por el impacto que tendría sobre el acceso a la justicia de población vulnerable. La situación fue reconocida públicamente por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien explicó que, pese a las gestiones adelantadas, no se contó con los recursos a tiempo. 

En un mensaje divulgado en X, Marín señaló que “agotamos todas las posibilidades” para que el Ministerio de Hacienda girara los recursos necesarios para cubrir los honorarios de los contratistas de la entidad, pero el desembolso no se concretó antes del cierre del año. En ese mismo pronunciamiento, indicó que seguirán insistiendo para lograr el pago “lo antes posible”. 

Medios nacionales reportaron que el retraso impacta a más de 5.000 contratistas de la Defensoría —entre ellos el componente de Defensa Pública—, y que el episodio se da en medio de una discusión más amplia sobre el presupuesto y la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de la entidad. 

El tema volvió a tomar fuerza tras denuncias públicas de organizaciones del sector jurídico y reacciones en redes, mientras la Defensoría insiste en que la Defensa Pública es un componente esencial del sistema judicial, al representar a quienes no pueden pagar abogado, y advierte que los defensores suelen asumir cargas procesales elevadas. 

En paralelo, la discusión presupuestal de la entidad también ha sido noticia en 2025: la Defensoría ha advertido que los recortes o asignaciones inferiores a lo solicitado podrían afectar programas y capacidades institucionales, incluida la prestación del servicio de Defensa Pública.