La Cámara de Representantes aprobó este sábado, en último debate, la reforma pensional propuesta por el Gobierno Nacional, repitiendo el procedimiento tras las observaciones hechas por la Corte Constitucional en 2023. La votación acogió sin modificaciones el texto ya aprobado por el Senado, lo que permitiría subsanar los vicios de trámite señalados por el alto tribunal.
El respaldo mayoritario provino del Pacto Histórico, así como de congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Comunes, Verde y la U. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que con este nuevo procedimiento se cumple con los requisitos de legalidad exigidos, luego de que la Corte obligara a repetir la votación por errores en la legislatura anterior.
No obstante, desde la oposición se denunciaron nuevas presuntas irregularidades. El Centro Democrático y Cambio Radical no participaron del debate y señalaron que la citación a la sesión plenaria del 28 de junio no cumplió con los términos legales establecidos, como la notificación con tres días de anticipación y la validación del orden del día con cuórum decisorio.
El texto aprobado establece un modelo de protección a la vejez basado en tres pilares: el solidario, que entregará una transferencia monetaria a adultos mayores en condición de pobreza; el semicontributivo, para quienes han realizado aportes parciales; y el contributivo, para quienes cotizan regularmente. Se elimina así la competencia entre Colpensiones y los fondos privados.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo sistema es que el umbral de cotización para el fondo público se fijó en 2,3 salarios mínimos. Además, la administración de los recursos pensionales no quedará exclusivamente en manos de Colpensiones, sino de una junta conformada por ministros, el director de Planeación Nacional y expertos nombrados por el Banco de la República.
El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación, calificándola como un logro en favor de los adultos mayores. Sin embargo, será ahora la Corte Constitucional la que determine si la reforma puede entrar en vigencia o si persisten vicios que impidan su ejecución.
