El Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, firmó más de 80 convenios por un valor cercano a los $480 mil millones en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Esta normativa limita la contratación directa en periodos electorales, por lo que la concentración de convenios justo antes de su aplicación ha generado cuestionamientos sobre la planeación, los criterios de asignación y la transparencia del proceso.

Los recursos se distribuyeron principalmente entre cinco departamentos: Magdalena, Córdoba, Boyacá, Norte de Santander y Atlántico, regiones con necesidades históricas en materia de inversión pública, pero también con relevancia política en la antesala del proceso electoral. Aunque el Ministerio argumentó que la priorización obedeció a criterios técnicos y de cumplimiento, varios congresistas señalaron que el ritmo acelerado del trámite impidió una evaluación adecuada de los proyectos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la autorización de anticipos de hasta el 60 % del valor de los convenios, incluso en municipios con bajo historial de ejecución. Para analistas y actores institucionales, esta práctica incrementa el riesgo de retrasos, modificaciones contractuales y obras inconclusas, problemas que ya se han registrado en años anteriores con recursos del mismo fondo.

El proceso involucró recursos del Fonsecon, un fondo adscrito al Ministerio del Interior que financia proyectos de seguridad y convivencia. Bajo la gestión de Benedetti, se aprobaron vigencias futuras que trasladan parte de la obligación presupuestal al siguiente gobierno, lo que también ha sido objeto de debate dentro de órganos de control y sectores políticos, quienes consideran que estas decisiones deben tener una planeación más rigurosa.

Aunque Benedetti defendió la actuación del Ministerio asegurando que los municipios seleccionados cumplían los requisitos técnicos, la coincidencia entre la fecha límite de la Ley de Garantías y la velocidad de aprobación de los convenios mantiene abierto el debate sobre el uso estratégico de los recursos públicos en tiempos preelectorales. El impacto de estos proyectos dependerá ahora de su ejecución real y del seguimiento que realicen los entes de control.