El concejal de Neiva, Alejandro Serna, asumió la vocería regional para convocar a todos los alcaldes y concejales del Huila a trabajar unidos en la implementación del Programa de Mínimo Vital del Agua, respaldado por la Sentencia T-740 de 2011 y el Decreto Nacional 776 de 2025. Serna destacó que estas disposiciones ordenan a los territorios garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental para los ciudadanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Durante un debate desarrollado recientemente en el Concejo de Neiva, Serna expuso con contundencia la urgencia de asegurar 50 litros diarios de agua gratuitos para los hogares más necesitados, subrayando que esta medida representa un avance real en equidad social y dignidad humana. Según el cabildante, el mínimo vital no puede seguir siendo un tema aplazado, pues miles de familias del Huila dependen de decisiones concretas por parte de sus gobiernos locales.

El concejal hizo un llamado directo a las administraciones municipales para incluir este programa dentro de sus presupuestos y destinar inversiones que permitan su implementación efectiva. Señaló que cada municipio tiene la responsabilidad de proyectar acciones inmediatas, entendiendo que el acceso al agua potable es un factor determinante para mejorar la calidad de vida y reducir brechas históricas en las zonas más vulnerables del departamento.

Serna invitó a los mandatarios locales a revisar el debate que lideró en Neiva, el cual —según explicó— puede servir como guía para iniciar discusiones técnicas, jurídicas y presupuestales en cada territorio. Reafirmó además su disposición para acompañar a los municipios en la estructuración del programa, insistiendo en que este esfuerzo colectivo es indispensable para consolidar un Huila más justo.

Finalmente, el concejal recalcó que el agua no puede ser un privilegio condicionado por la pobreza. Bajo esa convicción, pidió respaldo a su iniciativa para que el departamento dé un paso firme hacia la garantía plena del derecho al agua potable, honrando las obligaciones constitucionales y respondiendo al clamor de la población más vulnerable.