El presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) iniciar un proceso de licitación para adjudicar el Canal 1, pese a que la actual concesión está vigente hasta el año 2037. La decisión, conocida en las últimas horas, ha generado controversia en sectores políticos y empresariales.

De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, la intención es abrir paso a una “nueva forma de manejar la televisión”, con mayor énfasis en contenidos dirigidos a la juventud, el arte y la cultura, y con independencia frente a gobiernos y conglomerados económicos.

La medida ha sido calificada por expertos y líderes de opinión como un riesgo para la libertad de prensa y la empresa privada. Voces como la del periodista Luis Carlos Vélez y la de gremios como Fenalco señalaron que la decisión equivale a una “expropiación” y que desconoce un contrato vigente con Plural Comunicaciones SAS, actual concesionario.

El Ministerio TIC, por su parte, argumenta que existen dudas jurídicas sobre el cumplimiento del contrato, especialmente por cambios en la composición accionaria de la sociedad concesionaria que no habrían sido notificados al Ministerio ni actualizados en el Registro Único de Operadores (RUO). Por ello, se contrató a un jurista especializado, Jaime Enrique Rodríguez Navas, expresidente del Consejo de Estado, para evaluar la viabilidad de declarar la caducidad del contrato.

Desde Plural Comunicaciones, el presidente del canal, Ramiro Avendaño, calificó la decisión como “inusitada” y “exótica”, advirtiendo que el contrato sigue vigente y que no existe incumplimiento alguno. Asimismo, señaló que la medida representa una persecución política y una amenaza directa a la pluralidad informativa en el país.

El debate apenas comienza y se anticipa un largo pulso jurídico y político que definirá si el Canal 1, concesionado hasta 2037, se mantiene en manos de su actual operador o entra en un proceso anticipado de licitación convocado por el Gobierno.