Canjes de predios: un golpe al erario que resurge
Una revisión profunda de los actos administrativos firmados en los últimos meses del gobierno de Gorky Muñoz desató una tormenta fiscal y jurídica en Neiva. La figura legal de “dación en pago”, usada en principio para facilitar el pago de impuestos con bienes inmuebles, habría sido convertida en una herramienta para realizar operaciones encubiertas de compraventa, comprometiendo miles de millones de pesos del erario local.
La administración actual descubrió que al menos cinco predios fueron entregados como pago de impuestos bajo condiciones sospechosas. En total, se recibieron inmuebles por un valor conjunto de $3.567 millones para saldar deudas por apenas $153 millones, generando un desbalance que podría superar los $13.343 millones, según alertas del equipo fiscal del Municipio.
Lotes millonarios, deudas mínimas
Uno de los casos más llamativos fue protagonizado por la ciudadana Martha Elisa Falla, quien entregó un lote avaluado en $638 millones para cubrir una deuda tributaria de apenas $2 millones. Lejos de cancelarse un pasivo, el municipio terminó obligado a reconocerle a la contribuyente un saldo de $636 millones, es decir, una deuda pública nueva disfrazada de “canje”.
El predio se encuentra en zona de aproximación del aeropuerto Benito Salas, lo que generaba serias restricciones urbanísticas. Sin embargo, fue avaluado como si se tratara de una propiedad plenamente desarrollable. Lo que debía ser una dación en pago —según el Decreto Municipal 758 de septiembre de 2023— fue en realidad una compraventa encubierta, denunció la actual administración.
El caso más grave: no debía un peso
En otro episodio, la empresaria Magdalena Bueno Falla, en representación de una constructora privada, entregó un predio avaluado en $1.505 millones… sin tener ninguna deuda con el Municipio. A cambio, solicitaba la emisión de un “saldo a favor” monetizable y transferible a terceros, algo que vulnera por completo la lógica tributaria y presupuestal del país.
De haberse materializado esta transacción, el Municipio habría creado un pasivo por más de $1.500 millones sin ninguna contraprestación. “Era como imprimir billetes sin respaldo”, declaró un asesor fiscal del nuevo gobierno.
Un mecanismo con aval judicial… pero sin revisión de fondo
Aunque ambos casos fueron inicialmente avalados por resoluciones oficiales, fueron revocados mediante la figura de revocatoria directa, tras evidenciarse inconsistencias. Las beneficiarias desistieron voluntariamente de los beneficios, lo que evitó que los tribunales emitieran sentencias de fondo.
El Tribunal Administrativo del Huila autorizó acuerdos de transacción que pusieron fin al litigio, pero no se pronunció sobre la legalidad de los convenios originales. Según juristas consultados, esto genera un precedente preocupante: la legalidad puede evadirse si los involucrados renuncian a tiempo, dejando sin castigo posibles responsabilidades administrativas o penales.
El impacto fiscal y político
El daño no fue menor. Según la Secretaría de Hacienda de Neiva, estos esquemas ponían en riesgo hasta $13.343 millones del presupuesto para la vigencia 2024, recursos que debían destinarse a inversión social, infraestructura, salud y educación. El municipio ya arrastraba un déficit presupuestal de $9.139 millones en 2023, por lo que este nuevo hueco agravaba su situación.
Adicionalmente, los avalúos de los predios presentaban sobrevaloraciones superiores a $1.997 millones, algunos incluso incluían zonas de protección ambiental, lo que infringe la normatividad urbanística vigente.
Frente a estos hechos, el alcalde Germán Casagua interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por presunta celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y posible concierto para delinquir. La Fiscalía adelanta investigaciones, mientras el proceso administrativo sigue su curso en lo contencioso-administrativo.
¿Quién responde?
La pregunta que ronda ahora en la opinión pública es clara: ¿Quién asumirá las consecuencias de estos actos? ¿Qué funcionarios firmaron los avalúos y autorizaciones? ¿Cuál era el vínculo entre las empresas beneficiadas y la administración anterior?
Pese al ruido judicial y mediático, hasta ahora ningún exfuncionario ha sido formalmente sancionado. El exalcalde Gorky Muñoz, ya inhabilitado por la Procuraduría en otro proceso, no ha respondido públicamente por estas transacciones.
Neiva, una ciudad golpeada por la desconfianza institucional, exige respuestas claras y justicia efectiva.
