La decisión del Ministerio del Trabajo de ratificar una multa por 794 millones de pesos contra la Alcaldía de Neiva no debería verse solo como una cifra escandalosa o un problema contable. Es, ante todo, una señal de alerta sobre algo mucho más básico; durante años, funcionarios públicos trabajaron en condiciones que no cumplían con lo mínimo que cualquier persona esperaría en su lugar de trabajo.

Mientras desde la administración se hablaba de dificultades económicas, muchas oficinas municipales funcionaban con techos deteriorados, humedad en las paredes, cables expuestos, altas temperaturas y mobiliario inadecuado. Estas situaciones no fueron inventadas ni exageradas. Fueron comprobadas en visitas oficiales realizadas entre 2022 y 2023 en distintas dependencias del municipio, tras denuncias hechas por sindicatos de trabajadores.

Las inspecciones encontraron problemas repetidos en varias sedes; filtraciones de agua, presencia de hongos que afectan la salud, fallas eléctricas, falta de ventilación y sillas en mal estado. Nada extraordinario, nada complejo. Problemas cotidianos que, cuando se dejan pasar por años, terminan afectando la salud, el bienestar y la dignidad de quienes trabajan allí.

La Alcaldía explicó estos retrasos con argumentos conocidos; falta de recursos, consecuencias de la pandemia, dificultades administrativas y procesos en marcha para solucionar los daños. También presentó contratos de mantenimiento y compra de mobiliario como prueba de que se estaban tomando acciones. Sin embargo, para el Ministerio del Trabajo esto no fue suficiente. La razón es simple; no basta con anunciar soluciones o firmar contratos si los problemas siguen ahí.

La sanción se mantuvo porque las mejoras fueron tardías y, en muchos casos, incompletas. Es decir, cuando ya existían advertencias claras, no se actuó con la rapidez ni la decisión necesarias. Y eso tiene consecuencias. No solo para la administración, sino para todos los ciudadanos, porque la multa se paga con recursos públicos.

Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué se permitió que la situación llegara hasta este punto? Corregir goteras, mejorar la ventilación o reemplazar sillas dañadas no requiere grandes debates ni proyectos de años. Requiere voluntad, seguimiento y prioridades claras.

También es importante entender que este no es un asunto del pasado. Aunque los problemas se originaron principalmente entre 2022 y 2023, la ratificación de la sanción en 2026 indica que las fallas no se resolvieron a tiempo. La administración cambia, pero las responsabilidades no desaparecen con los periodos de gobierno.

Por eso, el papel del Concejo Municipal es clave. El control político no es un trámite más, sino una herramienta para pedir explicaciones y verificar que los errores no se repitan. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha corregido, qué sigue pendiente y cómo se evitará que una situación similar vuelva a costarle millones a la ciudad.

Más allá de nombres y cargos, esta sanción deja una lección clara; cuando se ignoran problemas pequeños, estos crecen y terminan siendo costosos. No solo en dinero, sino en confianza. La forma en que una administración trata a sus propios trabajadores dice mucho sobre cómo gestiona lo público.

Al final, esta multa no debería quedar como una noticia más que se olvida con el paso de los días. Debería servir para revisar prioridades y entender que garantizar condiciones dignas de trabajo no es un lujo ni un favor. Es una obligación básica del Estado.

Porque si lo evidente se hubiera atendido a tiempo, hoy Neiva no estaría pagando una sanción millonaria por algo que nunca debió ocurrir.