Durante décadas, Colombia mantuvo una deuda silenciosa y vergonzosa con dos grupos que sostienen, desde orillas distintas, los cimientos del país: los soldados regulares y los médicos internos. Unos, jóvenes que entregan su libertad temporal para vigilar la soberanía en las zonas más apartadas; los otros, estudiantes de último año que sostienen el sistema hospitalario en turnos extenuantes que rozan la explotación. Ambos compartían una característica común: la gratuidad (o casi gratuidad) de su sacrificio.

Sin embargo, el 2026 marca un punto de inflexión. Con la entrada en vigencia del aumento de la bonificación para soldados al 100% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y la implementación del estipendio para internos de medicina, Colombia intenta, por fin, pasar de la “palmada en la espalda” al reconocimiento económico real.

De la “bonificación” al salario vital

Es difícil de creer que, hasta hace apenas un par de años, un soldado regular recibía apenas el 30% de un salario mínimo (unos $340.000 pesos de la época). Exigirle a un joven de 18 años que arriesgue su vida por menos de lo que cuesta una canasta básica era, por decir lo menos, un despropósito moral. El salto al salario mínimo no es un regalo; es la dignificación mínima de la fuerza pública.

En el caso de los médicos internos, la situación no era menos precaria. El internado rotatorio ha sido históricamente el “trabajo gratis” más aceptado de la academia. Estudiantes con responsabilidades críticas, turnos de 24 a 36 horas y un desgaste emocional inmenso, dependían exclusivamente del apoyo de sus familias para sobrevivir al último año de carrera. Hoy, el giro directo de la ADRES para garantizarles ese salario mínimo es un acto de justicia que previene la deserción y el agotamiento temprano.

Los desafíos de la “chequera pública”

No obstante, el entusiasmo debe ir acompañado de pragmatismo. Este avance social no es gratuito y plantea interrogantes que el Gobierno deberá responder con gestión, no solo con discursos:

Sostenibilidad Fiscal: El impacto presupuestal supera los 200 mil millones de pesos solo para el sector salud, y billones en el sector defensa. En un contexto de recaudo incierto, la gran pregunta es si este beneficio será sostenible en el tiempo o si terminará afectando otros rubros como la infraestructura hospitalaria o la modernización tecnológica militar.

Riesgo de Informalidad en la Salud: Al no ser un vínculo laboral formal (sino un apoyo educativo), queda el reto de asegurar que los internos no sean usados como mano de obra barata para reemplazar cargos de médicos generales ya graduados.

Conclusión

Colombia está intentando corregir una anomalía histórica. Pagarle lo justo a quien nos cuida —ya sea con un fusil en la selva o con un fonendoscopio en Urgencias— es el primer paso para construir una sociedad que valore el servicio público. La dignidad cuesta, sí, pero el costo de la indiferencia ha sido, durante años, mucho más alto.