La investigación política más reciente en Colombia indica que durante el Gobierno de Gustavo Petro se habría generado un aumento significativo del gasto en contratos de prestación de servicios, lo que opositores califican como una “nómina paralela” dentro del Estado. El análisis fue presentado por José David Castellanos, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, luego de revisar más de 105.000 contratos registrados en plataformas oficiales como Secop I y II, correspondientes al periodo entre 2022 y 2025. 

Según los datos analizados, el valor de los contratos de prestación de servicios pasó de unos 12,1 billones de pesos en 2022 a cerca de 19,3 billones de pesos proyectados para 2025, lo que representa un incremento de 7,2 billones de pesos en solo tres años. Del mismo modo, el número de personas vinculadas bajo esta modalidad de contratación creció de 11.851 a 18.685, es decir, cerca de 7.000 nuevos cargos. 

Castellanos advirtió que este aumento no ha sido homogéneo: algunos ministerios muestran incrementos de más del 100 % en contratación por servicios. Destacan, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Agricultura, Ambiente y Trabajo, y de manera particular el Ministerio de Cultura, donde este tipo de contratos habría crecido casi 2.000 % desde 2022. 

El candidato también señaló que los 7,2 billones de pesos adicionales destinados a esta presunta nómina paralela equivalen a casi la mitad de lo que el Gobierno pretendía recaudar con su reciente reforma tributaria de 16 billones de pesos, lo que, según él, evidencia problemas de prioridades en el manejo fiscal del país. 

Frente a estas críticas, detractores del gobierno han puesto en duda la eficacia del control del gasto público y han renovado el debate sobre transparencia y estabilidad laboral en la administración nacional, en momentos en que la situación fiscal del país enfrenta presiones por el endeudamiento y las necesidades presupuestales.