La representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló una investigación que, según ella, ha identificado que al menos 24 funcionarios y contratistas vinculados al Gobierno del presidente Gustavo Petro obtuvieron títulos profesionales de manera irregular en la Fundación Universitaria San José. La denuncia encendió el debate sobre la calidad y el cumplimiento de los requisitos académicos para acceder a cargos públicos y contrataciones estatales. 

Según la denuncia formalizada ante la Contraloría y la Procuraduría, seis de estos contratistas no presentaron la prueba Saber Pro, examen obligatorio para graduarse en Colombia, mientras que otros 18 la presentaron después de haber recibido su título, lo cual según la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese año invalida los diplomas. Esa situación pone en duda la validez legal y académica de esos grados. 

Entre los señalados se encuentra Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho presidencial, quien habría recibido tres títulos distintos en un mismo día sin cumplir los requisitos exigidos. La Fiscalía y el Ministerio de Educación están evaluando estos hechos, mientras que la denuncia apunta a que los diplomados irregulares facilitaron la vinculación a contratos públicos, lo cual podría generar un posible detrimento patrimonial de más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025. 

El caso tiene antecedentes en el escándalo por el título de Juliana Guerrero, cuyo nombramiento como viceministra se frustró tras confirmarse que había obtenido su grado sin presentar el examen estatal ni cumplir con actividades académicas mínimas. Esta irregularidad fue apenas la punta de un problema más amplio con la institución educativa. 

Las críticas también llegan desde sectores de opinión pública y oposición, que han cuestionado por qué el Ministerio de Educación no ha iniciado investigaciones más contundentes o respuestas claras sobre la institución que expidió los títulos. Mientras tanto, el Gobierno ha defendido a algunos de los señalados y el Ministerio de Educación confirmó que sigue en curso una investigación formal para verificar el posible incumplimiento de normas legales por parte de la Fundación Universitaria San José.