Neiva. Crece la inquietud entre ciudadanos y expertos en derecho del consumo frente al funcionamiento de la llamada Casa del Consumidor o “boletín del consumidor” operado por un particular en la ciudad, cuya actividad —según denuncian usuarios— estaría generando confusión al asumir funciones que corresponden únicamente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La Delegatura de Protección al Consumidor de la SIC, que ejerce funciones públicas en Neiva bajo los principios del derecho administrativo, tiene a su cargo la investigación, sanción y trámite formal de las denuncias. Sus servicios son gratuitos y están protegidos por el principio del debido proceso, una garantía que no puede ser reemplazada por iniciativas privadas.

No ocurre lo mismo con el mencionado “boletín del consumidor”, que funciona bajo la figura de un establecimiento privado. Aunque puede orientar o divulgar información, no tiene competencias legales para recibir denuncias, adelantar procesos, ni representar al Estado en temas de protección al consumidor. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que allí se estarían ofreciendo servicios que, por ley, solo pueden realizar entidades oficiales, creando una falsa sensación de autoridad.

Lo más preocupante es la falta de claridad sobre la entidad pública que autorizó su funcionamiento y que debería ejercer control. Varios ciudadanos consultados preguntan por qué no se ha verificado si ese espacio está induciendo al error, cobrando por trámites gratuitos o utilizando la imagen del sistema de protección al consumidor para fines particulares.

En paralelo, las quejas se multiplican: cobros por asesorías que son gratuitas en la Red Nacional de Protección al Consumidor; confusión sobre la validez de los “procesos” iniciados allí; y usuarios que creen estar acudiendo a una entidad pública cuando en realidad se trata de un negocio privado.

Expertos advierten que este escenario no solo vulnera la confianza del consumidor, sino que riesga desinformar y reemplazar canales oficiales, lo cual puede derivar en responsabilidades administrativas para quienes promuevan actividades que se asemejen a funciones públicas sin estar facultados.

Mientras tanto, la Delegatura de Protección al Consumidor y la Red Nacional de Protección al Consumidor reiteran que sus servicios —orientación, recepción de quejas, audiencias, conciliaciones y vigilancia— son completamente gratuitos y que cualquier ciudadano puede acceder sin intermediarios.

La pregunta sigue en el aire:
¿qué está pasando con la supervisión de la Casa del Consumidor privada en Neiva?
Y, sobre todo, ¿hasta cuándo se permitirá que los usuarios sigan confundidos entre lo público y lo privado en un tema tan sensible como la defensa de sus derechos?