La vigencia 2025 en La Plata (Huila) quedó atravesada por hechos críticos de orden público que impactaron la percepción de seguridad, la movilidad y la actividad económica local. El episodio más grave ocurrió el jueves 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta bomba explotó en el casco urbano cerca de la estación de Policía, dejando dos jóvenes fallecidos y decenas de personas heridas, incluidos menores de edad, con daños en viviendas y comercios del sector. 

Tras el atentado, el Gobierno Nacional anunció medidas de búsqueda e incentivos para ubicar responsables, y semanas después se reportó la captura de un presunto implicado señalado por autoridades como parte de disidencias, en un caso que se convirtió en referencia nacional sobre el recrudecimiento de ataques a la Fuerza Pública y afectaciones a civiles en municipios estratégicos. 

En el segundo semestre, la crisis se desplazó con fuerza al área rural, particularmente hacia el corregimiento de Belén y veredas aledañas, donde se denunciaron presiones de grupos armados para frenar operaciones militares. Reportes de prensa registraron bloqueos en vías, presencia de cientos de personas en asonadas y el retiro forzado de tropas, en hechos atribuidos por autoridades a estructuras disidentes que buscan controlar corredores entre Huila y Cauca. 

En ese contexto, el propio alcalde Camilo Ospina Martínez advirtió públicamente que el constreñimiento a comunidades rurales estaba generando parálisis productiva, con comercio cerrado y suspensión del tránsito de productos agrícolas en el corredor de Belén, afectando a miles de habitantes de varias veredas.  A la vez, desde el nivel nacional se registraron pronunciamientos de rechazo y llamados de atención por el riesgo humanitario y el impacto de estas dinámicas sobre la población civil y la institucionalidad local. 

En el frente administrativo y de servicios públicos, uno de los focos de mayor controversia del año fue la discusión por subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo. Un balance de la coyuntura reseñó el choque entre Alcaldía y Concejo por el proyecto de acuerdo 13-020 de 2024, con objeciones del alcalde y un debate fiscal sobre la viabilidad presupuestal; el mismo reporte señaló que, en medio del conflicto, desde enero de 2025 usuarios de estratos 1 y 2 habrían empezado a enfrentar tarifas más altas, asunto que elevó la tensión social por el impacto en hogares vulnerables. 

Finalmente, en materia regulatoria ambiental, aparece un frente sensible asociado a la operación de servicios públicos: la CAM expidió un auto de inicio de proceso sancionatorio (marzo de 2025) dentro de un expediente relacionado con obligaciones de control/seguimiento de vertimientos en un esquema contractual donde figura EMSERPLA E.S.P. (empresa de servicios públicos de La Plata) junto con otras entidades, bajo la fórmula jurídica de presuntas infracciones y actuación administrativa sujeta a debido proceso. 

En síntesis, el cierre de 2025 en La Plata estuvo marcado menos por hitos de ejecución y más por hechos críticos: un atentado de alto impacto con víctimas civiles, una escalada de presión armada y bloqueos en zonas rurales con afectación económica, controversias institucionales por subsidios y señales de estrés en componentes regulatorios asociados a servicios públicos. Con esos elementos, el municipio debe iniciar el año con una agenda de 2026 dominada por recuperación de control territorial, garantías para movilidad rural, estabilización social y confianza institucional.