La Procuraduría General de la Nación adelanta verificaciones preliminares frente a denuncias que señalan una posible orientación irregular de recursos públicos desde la Electrificadora del Huila hacia la campaña a la Cámara de Representantes de Natalia Caviedes, exalcaldesa del municipio de Palermo. Los señalamientos han generado inquietud en distintos sectores políticos y sociales del departamento, al tratarse de presuntos hechos que comprometerían el uso de recursos públicos con fines electorales.

De acuerdo con las denuncias conocidas, la presunta irregularidad estaría relacionada con la gestión de proyectos y servicios en zonas rurales, donde la candidata mantiene presencia política activa. En este contexto, ha sido mencionado Bladimir Solís Perdomo, esposo de Caviedes y funcionario de la Electrificadora del Huila desde hace más de diez años, quien se ha desempeñado como jefe de la división zona norte, con influencia administrativa sobre doce municipios. Las versiones indican que desde esa posición tendría injerencia en estudios previos, contratos y ampliaciones de redes eléctricas, hechos que ahora son objeto de análisis por parte de los organismos de control.

Paralelo a estos señalamientos, la candidatura de Caviedes ha generado debate al interior del partido Alianza Verde, colectividad que le otorgó el aval pese a los múltiples procesos disciplinarios, fiscales y penales que enfrenta por su gestión como alcaldesa. Para sectores críticos, la decisión del partido habría priorizado el caudal electoral en detrimento de los antecedentes judiciales y administrativos que reposan en distintas instancias del Estado.

Los cuestionamientos a su paso por la Alcaldía de Palermo no son nuevos. Informes de la Contraloría General de la República dan cuenta de al menos 14 hallazgos administrativos, fiscales y disciplinarios, relacionados con contratación, manejo de recursos y ejecución de convenios. Entre los procesos se incluyen presuntas irregularidades en la compra de insumos durante la pandemia, contratación de servicios una vez ya habían sido prestados, deficiencias en el recaudo de impuestos y cuentas por pagar que superarían los $1.450 millones.

Adicionalmente, figuran investigaciones por presunto prevaricato, estafa de mayor cuantía y un proceso relacionado con la legalización de un lote de más de 7.600 metros cuadrados. Convenios firmados con entidades como fondos mixtos habrían generado detrimentos patrimoniales superiores a los $200 millones, mientras que otros acuerdos sin ejecución efectiva sumarían afectaciones cercanas a los $492 millones. En conjunto, los procesos de carácter fiscal superarían los $1.700 millones de pesos.

Mientras la campaña avanza y la controversia crece, las autoridades deberán determinar si los hechos denunciados configuran faltas disciplinarias o delitos, y si existe responsabilidad directa o indirecta de los funcionarios y actores políticos involucrados. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia electoral, el uso de recursos públicos y los controles efectivos en épocas de campaña en el Huila.