La Procuraduría General de la Nación suspendió de sus cargos por tres meses —prorrogables— al Juan Miguel Huertas, general del Ejército, y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en la infiltración de la disidencia conocida como Calarcá en entidades de seguridad del Estado. 

Según la investigación preliminar, los nombres de Huertas y Mejía aparecen en correos y archivos digitales incautados a Calarcá, en los cuales se les señala de entregar información reservada sobre operativos de las Fuerzas Armadas, movimientos de tropas y logística, facilitando al grupo ilegal eludir controles de seguridad. 

El auto de suspensión expresa que ambos servidores públicos podrían interferir con la indagación disciplinaria, razón por la cual se decidió su retiro temporal del cargo mientras avanza la investigación. 

Por su parte, tanto Huertas como Mejía niegan los señalamientos. Huertas afirma que los archivos carecen de credibilidad y rechaza cualquier vínculo con la disidencia; mientras que Mejía asegura ser víctima de un plan de desinformación y reitera que siempre actuó dentro del marco legal. 

La suspensión ocurre en medio de un escándalo que pone en entredicho la confiabilidad de las estructuras de inteligencia y la credibilidad institucional. El proceso, que adelanta la Procuraduría, determinará si existe mérito para sanciones disciplinarias, y también se espera pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación, que investiga posibles responsabilidades penales.