El reciente fallo de tutela que otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve a encender el debate nacional. La decisión, sustentada en la vulneración de derechos fundamentales y en la falta de motivación suficiente para justificar la detención domiciliaria, no puede leerse en un vacío jurídico. Ocurre en un país marcado por la polarización política y una profunda desconfianza hacia la justicia.

Para algunos, la resolución es una reivindicación de la presunción de inocencia y un triunfo del Estado de derecho: ningún ciudadano, por influyente que sea, debe enfrentar una medida restrictiva de su libertad sin argumentos sólidos. Para otros, es una prueba más de que la justicia en Colombia opera con doble rasero, favoreciendo a quienes ostentan poder político y económico.

El verdadero problema, sin embargo, trasciende a Uribe. El sistema judicial se percibe incapaz de actuar con independencia y firmeza en casos que tocan intereses de las élites. La tutela, diseñada como un instrumento de protección de derechos, se convierte aquí en símbolo de la fragilidad institucional.

En este contexto, el fallo no solo libera a un expresidente, también refuerza la narrativa de desconfianza. Colombia necesita jueces que inspiren credibilidad y un sistema capaz de resistir presiones políticas. Mientras tanto, cada decisión seguirá siendo interpretada como victoria o derrota de un bando, y no como lo que debería ser: la expresión imparcial de la justicia.