Las ‘trampas’ del alcalde de Algeciras, con las baterías sanitarias

Al parecer, se habrían presentado irregularidades y sobrecostos que rondan los 4 mil millones de pesos. Expertos advierten de una violación a la ley de contratación.

Escrito por: Carlos Héctor Gómez

Los recursos públicos que debían llegar a 620 familias rurales dispersas a través de subsidios de mejoramiento de vivienda, específicamente para baterías sanitarias, aparentemente, no se invirtieron como se esperaba. Hay fuertes señalamientos de irregularidades en el proyecto que contó con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos, financiado con recursos asignados a Algeciras por ser el único municipio PDET del Huila, afectado por el conflicto armado.

El origen de los recursos, priorizados y aprobados por la Ocad – Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Recursos Para la Paz; direccionados y girados al municipio, desde el Departamento Nacional de Planeación – DNP, al parecer, se entregaron a beneficiarios sin ningún filtro, ni control.

El anticipo inicial fue por 3.413 millones de pesos, entregado a la Unión Temporal Unidades Sanitarias Algeciras, cuyo representante legal es John Aimer Andrés Cuéllar Rojas, a quien según los registros se le consignó en una cuenta de Davivienda.

La denuncia radica, en que hoy no es claro cómo se entregaron los subsidios, si se tiene en cuenta que tenían que acreditar el vínculo jurídico con cada uno de los beneficiarios, señalados en el artículo 2.1.1..1.1.5.1..1 del Decreto Nacional  1077 de 2015.

Al parecer, no se cumplió con lo requisitos y normatividad exigida  para la legalización de subsidio familiar de vivienda, incluida la presentación de copia del documento privado de protocolización del título de mejoramiento debidamente autenticado.

Antes sufrían la guerra, hoy por la corrupción

En épocas pasadas, Algeciras fue en el Huila epicentro del conflicto armado, allí tuvo origen de la extinta y ‘Teófilo Forero’ de las Farc. No obstante, hoy no ha cambiado mucho; actualmente está en manos de las disidencias de las Farc. Sin embargo, Algeciras también ha sufrido históricamente el saqueo de sus recursos públicos. La despensa agrícola del Huila es el único municipio PDET de departamento, razón por la cual le direccionan recursos directamente a través de proyectos del Departamento Nacional de Planeación y recursos Ocad Paz.

El proyecto de baterías sanitarias

La inconformidad de los algecireños, radica en que el Alcalde de Algeciras, Libardo Pinto Lizcano, dispuso un proyecto de baterías sanitarias para la población dispersa en 70 veredas, lo que se traduciría en unidades de baterías sanitarias para 620 familias, recursos irrigados por el Departamento Nacional de Planeación, aparentemente,  sin mayor control fiscal y contractual.

Al parecer, el mandatario realizó una convocatoria para ejecutar el proyecto a través de su página electrónica, en lugar de realizar una licitación a través del Secop, como debía ser teniendo en cuenta que trataba de millonarios recursos.

La denuncia profundiza en que el alcalde y su equipo de funcionarios seleccionó las familias sin hacer el filtro necesario, a dedo, adjudicando dichos subsidios a personas que ya habían sido beneficiadas, incluso presuntamente a algunos concejales, sin un filtro del Censo SISBEN.

Según los especialistas en contrataciones, se infiere que por la cuantía 8 mil 534 millones 387 mil 940 para la construcción de 620 baterías sanitarias, el proceso que se debió adelantar obligatoriamente debió ser una licitación pública, adelantada por el asesor  Jurídico Externo, Noe Santiago Parada, en el entendido que todo tenía que desarrollarse de acuerdo a las normas vigentes en la ley 80 de Contratación.

El proyecto se entregó a un solo oferente, en solo ocho días la convocatoria, los requisitos técnicos habilitables eran 8 años de experiencia con dos calificaciones de cumplimiento, todo para el Contratista Único, Consorcio UNION TEMPORALES UNIDADES SANITARIAS por valor de 8 Mil Millones 534 Mil pesos. El proyecto debia ejecutarse en 14 meses. La interventoría fue adjudicada al Consorcio CESPO Néstor Javier Celada Ciceri por 458 Millones 800 Mil pesos.

Lo que se observa de plano, es que tanto el Alcalde Libardo Pinto Lizcano, el asesor Jurídico, como el contratista y funcionarios, habrían incurrido presuntamente en el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por omisión, así como en inhabilidades e incompatibilidades.

Veamos. Según esta investigación, en el cruce de información de las 620 familias beneficiadas con el subsidio, 100 hogares ya habían recibido subsidio familiar de mejoramiento de vivienda, entre ellos concejales, presidentes de Junta de Acción Comunal, y hasta familiares del alcalde Pinto Lizcano y ahora nuevamente habrían salido favorecidos.

Por ejemplo Maximino Cortéz, Presidente de la Junta Comunal Tierra y Libertad donde se movía la extinta Teófilo Forero  de  las FARC, en el 2015 ya había recibido subsidio, igualmente Miguel Enrique Puentes dos subsidios en el año 2015 y 2020. Carlos Julio Rojas Duarte dos subsidios y Salomón Lozada Puentes  a quien se le adjudicó Apartamento en 2018, en 2020 también se le adjudicó subsidio en zona rural. A una persona Ricardo Mayumgo se le adjudicó subsidio en dos oportunidades; Luis Eduardo Barrera Plazas de la vereda Ipiales, recibió subsidio del programa Opitas de Corazón y fue beneficiario de baterías sanitarias en 2018  y en 2020.  Entre los concejales uno de los presuntos beneficiados es el actual Concejal, Luis Alberto Puentes Duarte, y llama poderosamente la atención  que Eliecer Lozano por ejemplo recibió tres subsidios en 2015, mejoramiento zona rural en 2018, en la vereda El Bosque en 2020, e increíblemente  es uno de los más beneficiados.

Los sobrecostos millonarios

Al parecer, se incrementaron los números de ayudantes en cada una de las actividades, para de esa manera inflar el presupuesto presentado al Ocad, pero presuntamente sin utilizarlos en el desarrollo de la obra. Así lo afirman algunos de los beneficiarios, a quienes al parecer, se les coaccionaba para que, si no colaboraban, entonces les tocaba pagar los trabajadores o ayudantes.

Otra de las irregularidades estaría en que el precio unitario de batería sanitaria se fijó en 14 Millones 500 Mil pesos, cuando según investigación, ni siquiera se presentó un estudio serio de mercadeo, se presentaron cotizaciones de ferreterías del norte de Neiva y el trasporte de los materiales costo más de 340 Mil pesos.

Tras esta denuncia se logró una auditoria exprés de la Contraloría General especializada en Regalías, quién intervino el Proyecto; la Contraloría General de la República indicó que el equipo auditor designado, evidenció en el análisis al presupuesto de obra y los APUs del proyecto, irregularidades en los puntos de pozo de absorción red de conexión y afluentes y transporte general para zona rural respectivamente que, de acuerdo con las cantidades contractuales, corresponden a un sobrecosto de $219.683 por batería sanitaria y de $136.206.522 para las 620 a construir.

“El equipo auditor concluyó que los argumentos expuestos por el ente territorial no desvirtuaban la irregularidad evidenciada por la CGR, configurándose un hallazgo administrativo con connotación fiscal y disciplinaria en cuantía de $136.206.522”, sostuvo Jairo Eduardo de La Rosa de La Cruz, contralor Sectorial Unidad de Seguimiento y Auditorías de Regalías.

Luego de halladas graves irregularidades. El mandatario y sus funcionarios pagaron una sanción por 136 millones de pesos, sometiéndose al principio de oportunidad.

El fenómeno de corrupción se observa desde la convocatoria, con un solo oferente, sin licencia de la CAM Corporación Regional del Alto Magdalena con la cual se aprobó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Con acta de  inicio del 26 de Agosto de 2021, entregada al contratista, en tiempo récord 8 días con fecha de finalización  15 de Enero  de 2022, se observa  avance físico muy bajo, con criterio  de riesgo en alerta, con una suspensión  de obra; sin duda se trata de un  contrato fantasma, con desconocimiento del principio de selección objetiva, violando la transparencia y la moralidad, mientras este contrato se adjudicó a dedo, en otros municipios PDET del país, se contrató a través  de Licitación Pública, por ejemplo en Sampues, Sucre, en Albania, en Valparaiso,  Caquetá.

Hoy se observan obras de batería sanitaria  de muy  baja calidad, pagando 1 millón 200 mil pesos por mano de obra, los valores de los materiales como la varilla 2 o 3 veces más costosos, el trasporte del material hacia las veredas, se cobra por viaje de materiales 340 millones 732 mil 700 pesos, con este sobre costo muy visible, bien podría el contratista, comprar una flotilla de vehículos.

En este año 2022, con una economía afectada por la inflación la Gobernación del Huila adelantará en 34 municipios del Huila la construcción de 851 baterías sanitarias en zona rural dispersa, cada una por un valor de 9.770.000 mientras que el alcalde Libardo Pinto las facturó a 14 millones 500 mil pesos.

El comparativo de baterías sanitarias, hechas por AGUAS DEL HUILA, y en otras entidades y por el mismo municipio con anterioridad, presenta precios que alcanza los costos entre 5 y 7 millones de pesos, lo que hace evidente el sobrecosto. No se compadece, teniendo en cuenta el seguimiento periodístico.

Veamos. Facturan  el uso de mezcladora de cemento, en cada vereda, cuando, según los beneficiarios no se lleva mezcladora al sitio, se factura pero no la llevan y el trabajo lo hace el obrero,  a quien le pagan 1 millón 200 mil pesos, lo que percibe una grave irregularidad,  algo escandaloso; de ese modo el contratista se queda prácticamente con el 50% de los recursos de las regalías Ocad Pazby la que  sufre es la población  vulnerable, más  necesitada, sin la conformación de una veeduría, sin un informe de interventoría, abusando de los más necesitados, cerca de 9 mil millones de pesos en los bolsillos de la corrupción,  NO HAY DERECHO.  

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