Sin responsabilidad fiscal por caso estadio

NEIVA

Sin responsabilidad fiscal por caso estadio

Escrito por: Luisa Dávila

La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por el caso del detrimento patrimonial de los recursos invertidos en la remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid.

En este caso, la Contraloría en el fallo, responsabilizó a título de falta grave a algunos de los implicados como son los representantes del Consorcio Estadio 2014, al Consorcio Interventoría Estadio 2014 y a algunos funcionarios de la Administración Municipal del mandato de Pedro Suárez, considerando que sus actuaciones omisivas ocasionaron un grave detrimento a los recursos públicos invertidos en el estadio.

Tres de los implicados, los exalcaldes Pedro Suárez y Rodrigo Lara Sánchez, así como Fernando Iglesias, jefe de contratación de la alcaldía en el mandato de Lara, fueron declarados sin responsabilidad fiscal en los hechos, teniendo en cuenta que la Contraloría determinó que no actuaron en detrimento del patrimonio público.

Los responsables fiscales

Según determinó el ente de control, Carlos Fernando Puentes Ramírez, Jefe de la Oficina Asesora de Contratación de la Administración de Suárez; Carlos Alberto Ramos Parrací, entonces Director de Deporte y Recreación del municipio; el Consorcio estadio 2014 integrado por Jarlinton Hurtado Salas, L.A. Constructores S.A.S, ML Ingenieros Constructores S.A.S.; el Consorcio Interventoría Estadio 2014 integrado por Diego Fernando Jaime Escobar, Dicom Diseños y Construcciones Ingeniería y Pedro José Serrano Carrasquilla, son los responsables del detrimento de $17.518.234.283,71 en lo que tiene que ver con los contratos 1758 de 2014, 1760 de 2014 y 490 de 2017, los cuales buscaban avanzar en la remodelación y reforzamiento estructural del estadio, lo cual no solamente no se cumplió por la omisión de los funcionarios en el seguimiento de la ejecución de la obra y de los contratistas, sino que posteriormente se tradujo en el desplome de la estructura y la muerte de cuatro obreros.

Exonerados de responsabilidad fiscal


Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos de la Contraloría para liberar de responsabilidad a Pedro Hernán Suárez, Rodrigo Lara Sánchez y Fernando Iglesias?

Para el caso de Pedro Suárez, la Contraloría determinó, que si bien las obras no fueron específicamente contratadas durante su administración sí fueron viabilizadas, cuantificadas y aprobadas durante la mismas. Generándose así obligaciones contractuales precisas con los consorcios interventor y constructor, mismos que fueron seleccionados en su administración y que, como se ha manifestado en numerosas ocasiones, «realizaron una ejecución omisiva y negligente de sus respectivas obligaciones, las cuales derivaron no solo en el siniestro del 19 de agosto de 2016 o en los ya mencionados accidentes
laborales previos, si no en las deficiencias en los procesos constructivos que hacen no funcional la obra contratada», señaló el ente de control.

No obstante, el fallo argumenta que en el momento en el cual Pedro Hernán Suarez Trujillo Delegó en sus subalternos jerárquicos la potestad para contratar lo referente al proyecto de intervención del estadio
Guillermo Plazas Alcid, delegó también la ordenación del gasto, por lo que el responsable no es él, sino el funcionario que delegó para ello.

«Por las consideraciones expuestas, esta instancia considera que el señor Pedro Hernán Suárez Trujillo no es responsable del daño patrimonial causado con ocasión de la ejecución del contrato de interventoría 1760 de 2014
y al contrato de obra 1758 de 2014 en la totalidad de sus fases. No existiendo medio probatorio que comprometa su responsabilidad fiscal por el daño aquí establecido y cuantificado conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, entre otros elementos que permitan proferir fallo con responsabilidad fiscal.

Rodrigo Lara y Fernando Iglesias

El exalcalde Lara y su jefe de contratación también fueron exonerados de la responsabilidad. Para el caso del mandatario, la Contraloría argumentó que en su condición de alcalde del municipio de Neiva para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, no fue responsable del daño patrimonial causado con ocasión de la ejecución del contrato de interventoría 1758 de 2014 en la totalidad de sus fases. Ya que considera que no hubo elementos probatorios que comprometieran su responsabilidad fiscal por el daño patrimonial.

Estableció la Contraloría, que los $7.249.420.973 que adicionó Lara una vez asumió como alcalde, ya habían sido recopilados y tramitados durante la administración anterior, por lo que no tendría responsabilidad frente a esos recursos, pues al estar ya asegurados debía ejecutarlos.

Para el caso de Fernando Iglesias, el ente de control determinó que si bien no existe ausencia de nexo causal entre las acciones realizadas por él, en tanto autorizó y permitió pagos al contratista por parte de una interventoría que se había demostrado negligente, esta acción Per Se no puede ser calificada como culpa grave.

«Las imputaciones sobre el grado de culpa respecto de las actuaciones de Fernando Mauricio Iglesias Gaona fueron desvirtuadas… No es responsable del daño patrimonial causado con ocasión de la ejecución del contrato de
interventoría 1760 de 2014 y al contrato de obra 1758 de 2014 en la totalidad de sus fases, pues no existe medio probatorio que comprometa su responsabilidad fiscal por el daño aquí establecido y cuantificado conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 610 de 2000, entre otros
elementos que permitan proferir fallo con responsabilidad fiscal», dice el fallo.

Al respecto del fallo, Iglesias le dijo a este medio de comunicación que, «lo recibo con mucha tranquilidad, porque es un proceso que la Contraloría me venía adelantando donde hay unas sumas de dinero muy altas, pero confiado en que siempre actué con mucha tranquilidad, a conciencia, con el deber cumplido, y en el cumplimiento de las funciones en el cargo que ejercía en la Alcaldía de Neiva en esa época», dijo.

El fallo proferido el 9 de junio por la Contraloría:

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