Huila, primer departamento con Plan Integral de la política de Paz con Legalidad

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Huila, primer departamento con Plan Integral de la política de Paz con Legalidad

Escrito por: Luisa Dávila

El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila y el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, suscribieron en el municipio de Rivera, el plan integral para la implementación de la política de Paz con Legalidad en el departamento, siendo esta la primera región del país que aplicará para este proyecto piloto, que combinará los esfuerzos de autoridades nacionales y regionales, el aporte del sector privado y la comunidad internacional, para buscar la transformación de la realidad de miles de personas afectadas por el conflicto armado.

 “Es un esfuerzo para que la Paz con Legalidad  se territorialice en el departamento, como instrumento para impulsar el desarrollo de las regiones afectadas por la violencia y la pobreza, y para cumplir los acuerdos de paz,  en sectores clave como atención a víctimas, restitución de tierras, apoyo a excombatientes, programas de sustitución de cultivos, desarrollo con enfoque territorial, y desarrollo rural integral. Esto involucra a la a Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y oferta de entidades como el Ministerio de Agricultura,  programas de vías, electrificación, agua, y programas de salud rural y educación”, explicó el consejero Archila.

El plan se ejecutará teniendo en cuenta la presencia de grupos al margen de la ley, las víctimas, el Índice de Pobreza Multidimensional, personas en proceso de reincorporación, tasa de homicidios y afectación de la violencia. Inicialmente se vinculan al plan 11 municipios que son Baraya, Tello, Neiva en el área rural, Rivera, Campoalegre, Íquira, La Plata, Pitalito, Isnos, San Agustín y Acevedo.

El Consejero Archila dijo que la propuesta de la Consejería se articula con el Plan de Desarrollo “Huila Crece”, impulsado por la Gobernación, y convoca a todas las entidades de gobierno para planear, estructurar y ejecutar a 15 años, proyectos en beneficio de las comunidades, con una hoja de ruta que define resultados de corto, mediano y largo plazo.

El Gobernador Dussán afirmó que “iniciamos una tarea con los alcaldes y las entidades del gobierno para impulsar el desarrollo de nuestras regiones”.  Pese a que Algeciras es el único municipio PDET del Huila,  se va a trabajar con los alcaldes de 11 municipios para trabajar en la misma línea y articular los esfuerzos y las inversiones  del Estado para alcanzar el progreso regional, especialmente en el campo. En el Huila hay 211.000 víctimas de la violencia.

Esta alianza le da prioridad, según explicó el Consejero Presidencial, a los temas que más requiere la gente: Desarrollo Rural Integral, que hace parte esencial de la Política de Paz con Legalidad para ser implementados en Huila.  Ello permitirá acceso y uso de la tierra, formalización, catastro multipropósito, áreas de interés ambiental, jurisdicción agraria, ley de tierras y mecanismo alternativo de resolución de conflictos, entre otros.

“Temas como la especialidad agraria son de un gran impacto en nuestra sociedad rural, pues se trata de que los jueces vayan donde están los campesinos, y no que los campesinos tengan que hacer largos desplazamientos y aguardar por años decisiones que validan sus derechos. Además, habrá un tratamiento especial para las mujeres, que tendrán un alivio económico en lo que cuestan hoy los procesos judiciales”, explicó.

En Huila hay 500 excombatientes de Farc que reciben apoyo del gobierno en proyectos productivos y participan en la construcción de paz, explicó Andrés Stapper,   director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN. En el país hay en este momento 13.146 personas en proceso de reincorporación.

El plan de acción

A través de este plan integral se va a revisar si dentro de los 11 municipios priorizados en el Huila, se puede acceder a tierras y estas puedan estar disponibles para entregarse a procesos colectivos de población vulnerable, tales como víctimas, mujeres rurales, personas en proceso de reincorporación, etc. para que puedan desarrollar proyectos productivos que mejoren sus condiciones de vida. Para ello se desarrollará una línea de subsidio integral para compra de tierras.

Asimismo, se va a generar una línea de crédito especial para compra de tierras, subsidiada y de largo plazo para población beneficiaria con medidas especiales para las mujeres rurales, además de consolidar un plan de formalización de la pequeña y mediana propiedad rural.

Otras acciones

  • Promover y apoyar la gestión eficiente de la política pública a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de que las personas que perdieron su tierra a causa de la violencia, a partir de 1991, logren recuperarla en los términos dispuestos en la Ley 1448 de 2011.
  • Propiciar espacios de articulación interinstitucional para promover el cumplimiento y análisis de las sentencias proferidas por jueces y magistrados de restitución de tierras, de modo que la restitución materialice su verdadera vocación transformadora.
  • Desarrollar un proceso de formación y actualización del catastro e impuesto predial rural.
  • Generar un plan integral de producción agrícola fortaleciendo el mercadeo la alimentación y nutrición de la población de estos municipios priorizados.
  • Implementar Contratos de Conservación Natural como una estrategia integral para la conservación de áreas de interés ambiental, tales como las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2a de 1959, en beneficio de las comunidades. Brinda la oportunidad de acceder a la tierra con la regularización de la ocupación, de avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y generar usos sostenibles del suelo, aportando a la implementación de la política Paz con Legalidad y a la lucha contra la deforestación. En el departamento del Huila se encuentra un potencial de regularización de alrededor de 163.878 hectáreas en 14 municipios, otorgando contratos de derecho de uso a aproximadamente 13.807 familias.
  • Es importante identificar aliados del sector privado para que a través de los diferentes medios para que participen en la implementación de estos contratos mediante mecanismos como el pago por servicios ambientales con la compra de bonos de carbono.
  • Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incluyendo la identificación y aproximación a los conflictos por uso y tenencia de la tierra y territorios y la composición del territorio en línea con las determinantes ambientales y restricciones de uso.

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